Por Valeria
Álvarez Erikcsen
A nivel mundial México es la onceava
economía del mundo por encima incluso de España. Pertenecemos a la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico dentro de las 30 naciones con mayor
desarrollo económico en el mundo y somos parte de las economías emergentes
(subdesarrolladas).
Pero es necesario revisar el nivel de
cumplimiento de las leyes, incluyendo
las que determinan la calidad de la sociedad del país. Cuando se cumple y se
aplica la ley sin distinción de raza, nivel socioeconómico, influencias… Hablamos
de marcos institucionales más sólidos e incorruptibles. ¿Pero qué es lo que
pasa en México?
Podemos destacar como ejemplo algunos
acontecimientos que circulan en la opinión pública.
Por ejemplo el caso Tlatlaya, en el
cual se vieron involucrados elementos del ejército mexicano en la matanza de 22
personas, después de un tiempo fue comprobado la alteración de los hechos de la
primera versión oficial, pero la cuestión es que no hubo culpables, ya que no
según la CNDH no se pudo comprobar quien ordeno y tolero estas violaciones a
los derechos humanos.
Otro es un caso muy sonado en toda la
prensa nacional, que ha dejado una mala critica al gobierno mexicano por parte
de su sociedad e incluso en el extranjero, donde se muestra la mala calidad de
nuestro sistema político, incluyendo la corrupción que existe en los altos
mandos. Este es el caso Ayotzinapa; la muerte de 43 normalistas a manos de
integrantes del crimen organizado que buscaban manifestarse por mejores condiciones
estudiantiles, en este caso los responsables y los culpables se mezclan, y el
gobierno no responde adecuadamente estos hechos ilícitos.
Otro ejemplo que es algo trillado lo encontramos
en la materia electoral. Cuando Compran una campaña utilizando la pobreza y la
necesidad de la gente para obtener votos, daña de manera importante los
procesos democráticos que supuestamente caracterizan a México. Este tipo de
prácticas no se castigan ni tienen efecto sobre el proceso electoral. La ley
establece una cosa, pero la estructura del proceso hace muy difícil probarlo,
que es casi desconocida la penalidad por este tipo de prácticas.
En el caso de rebasar los topes de
campaña, en este país es un tema sin importancia, la ley no se puede aplicar,
ya que cuando se manda el informe, y aunque se compruebe que se rebasaron los
topes de campaña, ya no se puede hacer nada porque se discute seis meses
después. Le ley establece que ante el final de un acto no se puede quitar a
nadie del cargo sino a través del juicio político. Por lo tanto, esa
irregularidad de la ley queda en la impunidad.
Está claro que el
país se maneja debido a intereses de por medio por parte de los cargos
públicos, sin ningún control por parte de las instituciones debido a que estas
no se quedan atrás, por lo tanto termina siendo un sistema corrompido el cual
beneficia solo a unos cuantos.
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